Falange Española, partido de ideología fascista que apoyó al sedicioso Franco en el golpe de Estado de 1936; partido implicado en el genocidio de la postguerra civil a partir de 1939, con más de 120.000 asesinados, presentó una denuncia en el 2010 contra el juez Garzón por el presunto delito de investigar los crímenes del Franquismo; crímenes escondidos en miles de fosas repartidas por todo el territorio español… Y el Tribunal Supremo de España, contra la razón, la lógica y la justicia, en un brutal acto anti-democrático, admitió la querella. A la querella se sumó un seudo-sindicato llamado Manos Sucias o algo parecido, extraña entidad presidida por un individuo de pasado ultra, dedicado a denunciar a todo el que se le ponga por delante para amedrentar. En cualquier país medianamente democrático la querella hubiera sido rechazada y los denunciantes multados por actuar con mala fe. Pero en España, no. En España la denuncia siguió adelante, dejando un apestoso rastro de mugre franquista.
De manera muy resumida se puede afirmar que toda la instrucción del caso contra el juez Garzón, perpetrada torticeramente por un oscuro y mediocre juez –Luciano Varela: se ha comportado como un verdugo lleno de rencor, en busca de venganza por celos profesionales–, ha sido un aberrante modelo de formas franquistas: rechazo de todas las peticiones de prueba y testigos pedidos por el juez Garzón e instrucciones a los demandantes para que la querella, sin ninguna base jurídica, un auténtico disparate, pudiera prosperar. Y la última maniobra de este juez, que pasará a la historia por su conexión con el franquismo, fue dejar fuera de la querella a Falange Española. Sus manipulaciones cantaban demasiado.
El procesamiento de Garzón, brutal, injusto y posiblemente ilegal, ha desnudado al Tribunal Supremo de España: todas sus miserias, toda su mugre franquista, han rebosado y llegado a la sociedad democrática española, e internacional, con claridad. El Tribunal Supremo está en manos de jueces de ideología franquista, dispuestos a cualquier aberración jurídica o injusticia; que rechazan defender los más elementales derechos humanos de las víctimas del genocidio, especialmente si las víctimas son españolas; dispuestos a castigar cualquier intentona de investigar los crímenes del franquismo.
Hoy sabemos que Garzón está condenado de antemano por querer investigar los crímenes del franquismo, o por los otros dos casos que han fabricado contra su persona, siguiendo los modos franquistas del “juez” Luciano Varela, sobre la base de supuestas prevaricaciones: autorizar escuchas a los presuntos delincuentes de la trama Gürtel (corrupción político-económica), con el visto bueno de la Fiscalía y otros jueces; y presuntos cobros irregulares por dar conferencias (el juez que instruye el caso no ha sido capaz de aportar ni una sola prueba contra Garzón), denunciados a partir de informaciones falsas en una página web. Por supuesto, en los tres casos los jueces instructores han buscado premeditadamente dejar a Garzón en la más absoluta indefensión: no hay que descartar delitos de prevaricación en los jueces instructores porque, de forma sistemática, han negado todas y cada una de las pruebas pedidas por Garzón para su defensa.
El juez ha recibido apoyos, nacionales e internacionales, de intelectuales y gente de la calle; de intelectuales y asociaciones… todos denuncian las muchas irregularidades o ilegalidades de la instrucción de los casos. Los jueces del Tribunal Supremo de España parecen empeñados en dejar en la más absoluta indefensión al juez Garzón, condenándole de antemano, en un acto de brutalidad judicial semejante a los actos de los jueces franquistas.
Los tres casos que se siguen contra el juez Garzón –único juez en toda la historia de España sometido a tres procesos por prevaricación–, han dejado en evidencia al Tribunal Supremo de España, han desnudado al Tribunal Supremo: los procesos contra Garzón recuerdan en exceso a los procesos políticos de los Tribunales de Orden Público que ordenó crear el dictador Franco para mantener la dictadura y reprimir cualquier intento de pedir democracia. Las condenas a Garzón, en cualquiera de los tres casos, se producirán en breve. Después vendrán los recursos al Tribunal Constitucional que, si actúa con sentido de justicia y democracia, anulará los procesos y pedirá el procesamiento de los jueces instructores del Tribunal Supremo de España; o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dictará una sentencia absolutoria, pidiendo además que se investigue la sospechosa instrucción de los dañinos jueces del Tribunal Supremo, en los casos contra el juez Garzón, donde sí que hay actuaciones que podrían considerarse como prevaricadoras (seguirá).
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