El Judicial es el sector más conservador y reaccionario de la actual democracia, que hunde sus raíces en el peor franquismo. El órgano de los jueces, para hacer y deshacer a su antojo, sin la menor representación ciudadana es el Consejo General del Poder Judicial. Se asegura que cuando el BOE publicó la creación del órgano se deslizó una errata: Consejo General del Joder Judicial. Quizá sea una leyenda urbana, pero se puede comprobar en el BOE.
El CGPJ es algo parecido al Patio de Monipodio, descrito por Cervantes en “Rinconete y Cortadillo”: un grupo de amiguetes, carcas y reaccionarios deciden sanciones y premios y se reparten cargos, demostrando tanta inmoralidad como desprecio a la legalidad, en función de la militancia política de los jueces, siempre negada: ¡por supuesto! Ellos no pertenecen ni simpatizan con el PSOE, PP, CiU…
Ese CGPJ tiene un presidente que es un ultra-católico, que primero es católico, de comunión con el fanático Rouco Varela, y después juez. En cualquier país medianamente democrático jamás hubiera llegado a ese cargo. En España le han encumbrado a lo más alto de la Judicatura. Una vergüenza. Sabemos que muchos jueces del tribunal Supremo hacen “semana laboral caribeña”: trabajan de martes a jueves, incluidos. Desconocemos sus sueldos, con la nómina a la vista, pese a que cobran de los impuestos de los ciudadanos.
LOS JUECES CONDICIONAN LAS SENTENCIAS.- En el franquismo, el mismo juez que instruía, juzgaba la causa. Semejante barbaridad le permitía condenar o absolver de antemano. En democracia, un juez instruye la cusa y otro u otros juzgan. Es básicamente lo mismo, porque en la instrucción de la causa, el juez tiene la potestad de admitir o rechazar pruebas; o lo que es lo mismo: condiciona el caso, permitiendo una justa defensa o dejando al acusado en la más absoluta indefensión (los casos contra Garzón explican claramente la aberración jurídica, que pone al borde de la prevaricación a los jueces instructores). En cualquier democracia media, que garantice los derechos de los ciudadanos, la instrucción corresponde a la Fiscalía. Los jueces se limitan a controlar que el proceso es legal y justo; y a imponer sentencias, tras el veredicto de un Jurado.
ABOGADOS CÓMPLICES.- Si un ciudadano que vive en España sufre una avería en la canalización del agua, por ejemplo, llama a un fontanero. El profesional arregla el problema, hace su factura y cobra. Si un ciudadano que vive en España sufre un proceso judicial y tiene que contratar a un abogado, paga y puede ganar o perder. Pero siempre paga, la mayor parte por adelantado.
El que los abogados cobren sin ganar un caso, es otra de las grandes aberraciones del sistema judicial español. Con el agravante de que el ciudadano que haya contratado a un abogado también tiene que pagar los servicios de un procurador, que trabaja para el abogado, no para el cliente. El trabajo del procurador debería hacerlo el abogado: pasar los casos por el registro, interesarse por la causa… ¿Alguien paga a un fontanero o a un electricista si no hacen su trabajo?
Los abogados españoles primero cobran –cobran una barbaridad, sin garantizar resultados– y nunca garantizan ganar el caso. Y si el abogado es de oficio, es para echarse a temblar: cobran poco y mal. El ciuddano que requiera sus servicios ha perdido de antemano, salvo casos excepcionales. Las excusas de los abogados son múltiples: “Hay que tener razón, que puedas demostrar que tienes razón y que el juez te la quiera dar”, “Depende del juez”, “Ese juez es un hueso”, “Ufff, el caso es muy complejo”… Es decir que se prepare el ciudadano a soltar dinero y dinero, sin la menor garantía de ganar. Y si hay recursos y recursos ante tribunales superiores, más dinero y más demoras. Y no se le ocurra quejarse al Colegio de Abogados: están para defender a los abogados, no a los clientes de los abogados. ¡Una auténtica vergüenza!
DEMORAS BRUTALES.- En España, un proceso judicial se sabe cuando se inicia, aunque se desconoce cuánto puede durar. En España hay casos de records Guinnes: veinte años o más (La colza, un caso de envenenamiento masivo que afecto a miles y miles de personas). ¿Motivos de las brutales demoras? Incomprensibles. Si los jueces tuvieran horario y trabajaran no habría esas demoras tan salvajes.
DELITOS QUE PRESCRIBEN.- Como la Justicia española es tan rápida, hay delitos que prescriben pasados un pequeño número de años. Es la técnica que utilizan los “buenos abogados” de pago, para conseguir la absolución de sus clientes: prolongar y prolongar los casos en el tiempo, hasta la prescripción del delito. Los casos de Fabra, político valenciano de la derecha más extrema, son un ejemplo claro de salir indemne pese a la comisión de delitos. Es decir, que el hecho de que se determine por Ley que los delitos prescriben fomenta claramente la corrupción. Si alguien quiere comprobar el alto grado de corrupción que impera en España, sólo tiene que ver el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del día 1 de abril del 2011. Ni el Tribunal de Cuentas es capaz de conocer las cuentas de los partidos, mucho menos sobre sus fuentes de financiación o las deudas que tengan con las entidades de crédito. Por supuesto, no existe una Ley de Transparencia que permita a los ciudadanos saber en qué se gastan los impuestos que les obligan a pagar. El PSOE prometió una Ley de Transparencia en esta legislatura, pero debe vivir momentos de grave amnesia.
SENTENCIAS QUE NO SE CUMPLEN. Se supone que las sentencias firmes de los jueces se cumplen… pero no todas las sentencias se cumplen. Y no se cumplen porque el dicho es sabio: “Hecha la ley, hecha la trampa”. Es decir, que hay sentencias que no valen nada, que se dictan cuando el daño es irremediable, o cuando se sabe que esas sentencias no se pueden cumplir.
Hay ejemplos en todo el litoral español, desde Cataluña a Huelva: una sucesión de construcciones ilegales, permitidas por ayuntamientos, que no han respetado ni los informes previos obligatorios de impacto ambiental, que no han respetado zonas que son reservas naturales, que no han respetado nada (los informes de organizaciones de protección del medio ambiente y la naturaleza son demoledores). Se trataba de construir y ganar dinero, mucho dinero en muy poco tiempo, siguiendo un modelo económico de capitalismo salvaje. Y los constructores, junto con alcaldes corruptos, sabedores de la lentitud de la Justicia, construyeron donde les dio la gana, no respetando nada: sólo les importa el dinero. Sabían que se iniciaría un proceso judicial, pero que se prolongaría años y años, con recursos y toda suerte de maniobras. Es decir, que cuando hubiera sentencia firme, tras los correspondientes recursos de las anteriores, ya estarían construida una urbanización de tres o cuatro. mil casas: ningún juez tendría el valor y aplomo necesarios para mandarla derruirla. Es decir: política de hechos consumados. Construyo donde quiero y lo más que me puede pasar es que tenga que pagar una multa, ínfima en relación con lo ganado ilegalmente. Esto es España, una vergüenza universal
A MODO DE RESUMEN.- Sin entrar a valorar sentencias exóticas o extravagantes, se podría escribir una crónica interminable sobre las aberraciones del sistema judicial español, pero superaría los objetivos del artículo. En suma, a modo de resumen, diremos que sufrimos un sistema judicial injusto y moralmente muy corrupto, que hunde sus raíces en el peor franquismo; donde hay leyes que fomentan la corrupción, sentencias que no se cumplen, abogados que cobran por adelantado, sin garantizar nada a sus clientes… para llorar de miedo.
